Reseña sobre el curso «La reforma electrónica de la actuación administrativa”

Los días 24 y 25 de noviembre tuvimos la oportunidad de asistir en Oviedo al curso “La reforma electrónica de la actuación administrativa” organizado por la Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos del Principado de Asturias en colaboración con el Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos.
El curso fue impartido por Ignacio Alamillo, Director General de Astrea, abogado y CISA que cuenta con una dilatada experiencia en materias como la firma electrónica y la administración electrónica.
En un contexto marcado por la reciente entrada en vigor de las leyes 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, a lo largo de las dos jornadas del curso se fueron desgranando y analizando pormenorizadamente las implicaciones que el nuevo régimen normativo trae consigo, fijando las claves de la reforma electrónica de la actuación administrativa.
Se estudiaron aspectos tan relevantes como el nuevo tratamiento que se da a la identificación y la firma electrónica tanto de los interesados como de la Administración, la representación electrónica y el registro de apoderamientos que se desprende de la misma, el registro de entrada exclusivamente electrónico, los documentos y expedientes administrativos electrónicos y el régimen de copias de los mismos, la notificación exclusivamente electrónica y finalmente el archivo, como no, electrónico.
La apuesta por un entorno electrónico en las relaciones entre los ciudadanos y la Administración y entre las propias Administraciones Públicas queda ya patente desde la exposición de motivos de la Ley 39/2015 dónde se señala como “en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma especial de gestión de los procedimientos sino que debe constituir la actuación habitual de las Administraciones. Porque una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados. En efecto, la constancia de documentos y actuaciones en un archivo electrónico facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pues permite ofrecer información puntual, ágil y actualizada a los interesados”.
Las obligaciones jurídicas que se desprenden del nuevo marco normativo implican unas reformas de gran calado que deben abordarse teniendo en cuenta tanto las perspectivas jurídica y tecnológica como la de la gestión documental y la archivística. Es precisamente esta última vertiente una de las que cobra especial importancia en el nuevo contexto normativo teniendo en cuenta que el nuevo paradigma implica la implantación real de la gestión documental en las organizaciones.
El trabajo que queda por delante no es poco pero si imperativo. Las Leyes 39/2015 y 40/2015 entraron en vigor el pasado mes de octubre de 2016. El reto está servido.

* Post realizado por MARCO PÉREZ RUIZ (Archivo General de la Universidad de Cantabria)